Opinión Pública
Mónica Vilchis
22 de septiembre de 2010

Ley Peña, ¿Un atentado contra la democracia?

Dentro del marco político se ha generado una enorme controversia ante la aprobación de la llamada “Ley Peña”, la cual consiste en la eliminación de las candidaturas comunes terminando con la estimulación entre partidos políticos, detonando la inseguridad de Peña Nieto por conseguir el triunfo rumbo a las elecciones 2012, en función de las coaliciones que han realizado los partidos políticos PAN y PRD en otros estados de la república.

La estrategia de Peña ha funcionado a partir de la imagen instaurada por su equipo de trabajo como un nuevo candidato con una política diferente, capaz de revindicar al PRI, ante dos sexenios de ausencia en la presidencia, pero a pesar de esta constante el candidato se muestra vulnerable y preocupado por las alianzas de sus opositores.

La aprobación de esta ley no es más que el establecimiento hegemónico que el PRI ha mantenido por más de 71 años en el poder y evidentemente no dejara perder, sin embargo es necesario mencionar la incongruencia mostrada por del gobernador del Estado de México, ya que en sus discursos oficiales hace énfasis en la democracia, que entendemos por esta como la participación del pueblo en asuntos políticos así como la apertura del dialogo de los diversos partidos, para la búsqueda de un bien común, pero esto no es más que un protocolo gubernamental que ningún servidor público ha llevado a cabo de forma pragmática convirtiéndose en un término ambiguo utilizado para conseguir los votos de las personas en periodos de elecciones.

Ante este panorama es innegable que Peña Nieto no se va a detener a buscar los medios que le permitan facilitar su llegada a los Pinos, e incluso en varios eventos de carácter público se ha justificado sobre la imposición de esta ley señalando que todas las especulaciones que se han realizado en torno a este tema son para crear desprestigio político a su gobierno así como confundir a la ciudadanía.

La Guerra hoy por hoy no se declara solamente entre el crimen organizado y el estado gubernamental, este campo de poder también se disputa entre los partidos políticos más fuertes del país que arbitrariamente utilizan su dominio para poner candados a través de la aprobación de leyes que los beneficien, pero este no es un caso nuevo, se ha convertido en el pan de cada día, donde los funcionarios públicos utilizan su mandato para favorecerse a ellos mismos o a los importantes duopolios que los mantendrán convenientemente posicionados ante la opinión pública.

La táctica política establecida por Peña Nieto no se ha valido únicamente de la imposición de leyes a su favor, también se ha postulado a partir de su imagen en el mundo del espectáculo por la polémica creada en función a su noviazgo con la actriz Angélica Rivera, ante esta perspectiva ya no resulta factible preguntarnos si la “ley Peña” es un atentado contra la democracia, realmente nunca hemos tenido una ápice de esta en nuestro sistema gubernamental, simplemente se convierte en un derecho más al cual nuestros gobernantes se hacen acreedores.